SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas (ESHJC-EPAJC).- Aun cuando la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales, estatales y
municipales de que se le diera importancia a la observación, y a la atención
inmediata al problema de desplazamiento e inseguridad que enfrentan miles de indígenas habitantes de Chalchihuitán.
Ninguna
autoridad no ha tenido la intención de atender e implementar medidas cautelares
o acciones en comunidades y campamentos para garantizar una vida digna a los
desplazados afectados por la condiciones de inseguridad.
Las
personas desplazadas forzadamente, están riesgo de su integridad y salud, ya
que en los lugares donde se encuentran no tienen la seguridad que pueden tener
en sus hogares en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, en ese motivo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había otorgado la recomendación
No. 882-17 en favor de 10 comunidades indígenas entre las que se encuentran Tzotziles
de Chalchihuitán y Chenalhó, México.
Habitantes
de estas comunidades fueron desplazados violentamente desde noviembre de 2017,
lo que motiva que se extienda la resolución 15/2018, que se emite el 24 de
febrero de 2018, pero dada a conocer el pasado 5 de marzo, donde se urge al
gobierno mexicano que se proteja y se garantice la seguridad y integridad
personal de los afectados por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte
de grupos armados.
A
la vez la CNDH informó el número de personas que se encuentran en situación de
Desplazamiento Forzado Interno: Bejeltón 39 familias (160 personas); Shishimtontic-Pom 17 familias (100
personas); Jolcantetic-Pom 20 familias (133 personas); Pom 20 familias (77
personas); Cruztón 14 familias (70 personas); Tulantic 61 familias (193
personas); Cruz K’ak’anam 13 familias (70 personas); Canalumtic 69 familias
(231 personas); Chenmut 10 familias (44 personas), sumando un total de 1078 personas desplazadas en Chalchihuitán,
Chiapas
El personal
de este reconocido Organismo Nacional visitó las comunidades de Chenmut, Bejeltón,
Canalumtic, Pom, Tulantic, Cruz K´ak´anam y Cruztón; así como los destacamentos
de la Policía Estatal Preventiva ubicados en las comunidades del Canalumtic,
Majompepentic y Tulantic, habitantes que radican originalmente en Chalchihuitán, coincidiendo en que la inseguridad en que viven, ya que
muchos de ellos tienen sus hogares cerca de la zona limítrofe en conflicto.
Y
aun cuando la CNDH ha enviado oficios a la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Chiapas, y los presidencias municipales de Chenalhó y
Chalchihuitán, las autoridades poco o
nada han hecho para remediar el conflicto que puede generar aún más violencia y
más personas desplazadas, por la grave omisión del gobierno federal.
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